EL ESTADO Y LA INTRANSIGENCIA PATRONAL
El Estado y la intransigencia patronal
La indiferencia del Estado y la intransigencia patronal generan y fomentan el sindicalismo anárquico, demoledor, simple condensación de odios y resentimientos. Estas malas pasiones invitan a que los obreros aspiren al predominio sindical, convirtiendo las asociaciones profesionales en instrumentos de lucha que enfrentan al Estado para disputarle el poder político.
Para que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, económicas y sociales entre patrones y trabajadores tenga lugar en pacífica convivencia, ni los primeros pueden librarse de la vigilancia del Estado para eludir el cumplimiento de sus deberes, ni los trabajadores pueden pretender el predominio sindical para arrogarse facultades que son privativas del Estado.
El Estado no debe alterar los principios de libertad económica, ato para los productores como para los consumidores: pero tiene la obligación de estimular la producción y utilizar toda la mano de obra disponible, con el fin de alcanzar un justo equilibrio de esfuerzos productivos y elevar la renta nacional.
El Estado debe contribuir al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos de cualquier orden en todas las actividades nacionales, que aumente el rendimiento individual, a mejorar de modo efectivo las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, a fomentar el progreso de todas las clases sociales y a estimular el capital privado en cuanto constituye un elemento activo de la producción y contribuya al bienestar general.
El Estado no puede permitir una igualdad económica impulsando hacia abajo, porque ello es contrario a la naturaleza humana y al propio ser de las cosas. No puede acaparar bienes ni hacinar dinero porque la finalidad económica de un país no ha de ser el lucro sino la satisfacción de todas las necesidades de sus habitantes.
Si el Estado es abstencionista, enfrenta a ciudadanos aislados, desamparados y económicamente débiles, con el fin de pulverizar las fuerzas productoras y conseguir por contraste el poder arrollador del capitalismo financiero.
No debe ser el Estado quien, en aras de su interés superior, que es el de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, ejerza la inalienable función constitucional de promover por todos los medios el bienestar general.
Es prudente dejar a merced de los múltiples, dispares y contradicciones, determinaciones aisladas, la orientación ordenada de las delicadísimas cuestiones de carácter social y económico.
Lic. Amílcar D. Renna
La indiferencia del Estado y la intransigencia patronal generan y fomentan el sindicalismo anárquico, demoledor, simple condensación de odios y resentimientos. Estas malas pasiones invitan a que los obreros aspiren al predominio sindical, convirtiendo las asociaciones profesionales en instrumentos de lucha que enfrentan al Estado para disputarle el poder político.
Para que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, económicas y sociales entre patrones y trabajadores tenga lugar en pacífica convivencia, ni los primeros pueden librarse de la vigilancia del Estado para eludir el cumplimiento de sus deberes, ni los trabajadores pueden pretender el predominio sindical para arrogarse facultades que son privativas del Estado.
El Estado no debe alterar los principios de libertad económica, ato para los productores como para los consumidores: pero tiene la obligación de estimular la producción y utilizar toda la mano de obra disponible, con el fin de alcanzar un justo equilibrio de esfuerzos productivos y elevar la renta nacional.
El Estado debe contribuir al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos de cualquier orden en todas las actividades nacionales, que aumente el rendimiento individual, a mejorar de modo efectivo las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, a fomentar el progreso de todas las clases sociales y a estimular el capital privado en cuanto constituye un elemento activo de la producción y contribuya al bienestar general.
El Estado no puede permitir una igualdad económica impulsando hacia abajo, porque ello es contrario a la naturaleza humana y al propio ser de las cosas. No puede acaparar bienes ni hacinar dinero porque la finalidad económica de un país no ha de ser el lucro sino la satisfacción de todas las necesidades de sus habitantes.
Si el Estado es abstencionista, enfrenta a ciudadanos aislados, desamparados y económicamente débiles, con el fin de pulverizar las fuerzas productoras y conseguir por contraste el poder arrollador del capitalismo financiero.
No debe ser el Estado quien, en aras de su interés superior, que es el de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, ejerza la inalienable función constitucional de promover por todos los medios el bienestar general.
Es prudente dejar a merced de los múltiples, dispares y contradicciones, determinaciones aisladas, la orientación ordenada de las delicadísimas cuestiones de carácter social y económico.
Lic. Amílcar D. Renna
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