sábado, 8 de marzo de 2014

La sancion penal: El encierro y la Cárcel. Dr. Carlos Damian Renna.

La sanción penal: El encierro y la Cárcel.
Dr. Carlos Damián Renna

Para comenzar a analizar un tema de verdadera importancia como es el Sistema Carcelario, veamos en primer término:
¿Qué son, precisamente, las cárceles?

La cárcel, es el último eslabón del sistema penal que se compone de Policía; Investigación del ilícito; juzgamiento; y -por ultimo- Ejecución Penal.
Cada uno de estos eslabones debe funcionar en forma autónoma pero a la vez de modo interdependiente entre si, para que el resultado final sea útil a la sociedad. 

Avanzando sobre este tema, cabe preguntarnos:
¿Para que están las cárceles?
En un  principio,  la cárcel era el lugar para esperar el juicio que terminaría en pena de muerte, galera, o destierro.
Luego se utilizó para seguridad de la población y de los detenidos; y no para castigo.

Ahora bien: ¿Las cárceles son sólo para seguridad, o para rehabilitar a los detenidos?
Actualmente se utiliza la prisión, como “última ratio” del sistema penal. Es decir que, previamente, deben utilizarse otras alternativas ante la infracción penal leve o común, como por ejemplo trabajos comunitarios, alternativas educacionales, atención psicológica, etc.
 
Analicemos de manera detallada, ¿Para qué sirven las cárceles?
Algunas Teorías, sostienen que la pena no tiene otra finalidad que su cumplimiento y que, además, compensa el mal que produjo el delito. (tomándolo en cuenta desde el punto de vista contractualista).
Esto lo sostienen autores como Hegel - Kant.

Otras teorías,  sostienen que las penas tienen una finalidad que trasunta su cumplimiento, cual sería la reinserción social, o la reeducación del individuo. Esto lo sostienen  autores como Feuerbach / Von Liszt.

Teorías con otros puntos de vista, sostienen que la cárcel debe cumplirse por haber cometido el delito pero, igualmente, debe procurar la reinserción social de la persona (a esto se lo denomina como Teorías de la unión o mixtas).

Pero también, hay otros que sostienen una visión agnóstica o negativa  de la pena, ya que no creen en la cárcel porque hace mal al que la cumple y lo saca peor al individuo.  Esto es sostenido por autores como Tomas Moro; Tolstoi; Zaffaroni.


Por ultimo, también encontramos la Teoría consensual, que se difunde en la década de 1980 y que Promueve la participación de la victima en la decisión del delito, impulsa la mediación, los trabajos comunitarios reparación a la victima. Fundamentalmente se aplica en menores  de 18 años y en algunos delitos leves. Esta teoría no puede aplicarse en delitos graves.

¿Que dice la ley argentina al respecto?
La ley argentina Nº 24.660/96, dice que “Son Principios básicos de la ejecución penal lograr que el condenado comprenda la ley, procurando su adecuada reinserción social. El régimen penitenciario, deberá utilizar los medios de tratamiento interdisciplinario: educación, terapia ocupacional, laborterapia, cultura, recreación, reforzar vínculos afectivos, psicológicos, terapia de grupo, etc.”.

Pero, ¿se puede lograr este resultado querido por la ley en la situación actual?
Evidentemente no. Esto se debe a que existe un hacinamiento de personas detenidas en comisarías, lo cual no permite de ninguna manera cumplir con ese precepto.
La situación en Santa Fe y Rosario es caótica: hay numerosas comisarías que tienen hasta “triplicada”, la capacidad de alojamiento prevista en su infraestructura. Esto crea permanentemente fugas, violencia interna  y motines. 

Analicemos ahora las cárceles de Santa Fe, en cuanto a su Situación Actual:
Aquí encontramos un déficit penitenciario de la Cárcel Modelo de Coronda, construida en 1936: Tiene una Capacidad de alojamiento originaria para 850 condenados y –actualmente- tiene 1300 detenidos.

En cuanto a las Unidades Penales, encontramos la Cárcel de Las Flores, en la Ciudad de Santa Fe: con 750 internos.

La Unidad Penal Santa Felicia, en la ciudad de Vera: con 150 internos. La Cárcel de Piñero, con capacidad para 600 personas, que fuera construida en 2006.

Vemos entonces, que la situación carcelaria en América latina es muy grave, dado que hay hacinamiento en Brasil; Paraguay; Chile; y México.

En Argentina, el 60 % de los detenidos son procesados, o sea, presos sin condena.
La situación se agravo en los últimos 30 años, por el aumento del delito y una económica de exclusión social.
En tal sentido, recordemos lo ocurrido en la Cárcel de Coronda, cuando se produjo aquel  Motín que dejó un saldo de  14 muertos en el año 2006.


Pero también encontramos que hay hacinamiento de detenidos en comisarías.
En la Provincia de Santa Fe, hay 6.000 detenidos en comisarías.

El personal policial debe hacerle de comer, llevarlos a tribunales e ingresar visita.
Se afectan más del 70% de los recursos humanos policiales, en el cuidado de presos.

En la más moderna Teoría Penal del Funcionalismo, el autor Gunther Jakobs, habla de “Derecho Penal del Enemigo”.
Allí sostiene que  algunos delincuentes peligrosos son enemigos y que, ante un enemigo al que no podemos considerar ciudadano (porque viola las reglas de éstos) se torna en un enemigo peligroso.
En este aspecto, tanto puede ser el narcotráfico organizado; el terrorismo; ó el crimen organizado.

Al respecto se dice que: “se pueden imponer sanciones muy duras y restringir el debido proceso”. Ante la presencia de estos delincuentes, hay que “inocuizarlos”.

Pero a los delincuentes que no son tan peligrosos, o sea a los de delitos comunes, hay que darle una oportunidad mejor y adaptable porque son ciudadanos.

Pero, ¿cuáles serían las Propuestas para un nuevo Sistema de Ejecución Penal?
En este sentido, podemos señalar la Reeducación social del detenido por edades, la cual no puede ser igual para mayores de 21 años que para menores de esa edad, porque las motivaciones son distintas.

También encontramos la llamada “Rehabilitación diferenciada o segmentada”, implementada en Unidades Penales para Adictos; Unidades Especiales para Violadores; etc.

En cuanto a los Derechos de los Detenidos y las Políticas Penitenciarias, tenemos determinados aspectos a saber:
  • A) Que el interno tenga una cuenta producto de su trabajo, para que cuando recobre la libertad le de cierta seguridad económica en el momento del egreso;
  • B) Que el estado cree empleo dentro de las cárceles, para que el interno aprenda a trabajar, tenga hábitos laborales y seguridad laboral;
  • C) Racionalizar el poder interno dentro de las cárceles, con límites de control judicial, pudiendo tener oficinas de asesoramiento jurídico dentro del penal: considerando al preso un sujeto y no un objeto.
  • D) Garantía de derecho a la salud dentro del penal, es decir, prevención y asistencia de salud mental y adicciones.
  • E) Protección ambiental del Penal, para que no se produzcan situaciones desagradables de convivencia y daños psíquicos, evitando la tortura y malos tratos.
  • F) Atención psicológica a delincuentes que lo requieran, como apoyo a la terapia ocupacional. 

Otro tema muy importante, es que a los Adictos no se los puede enviar  a la cárcel, pero sí a una  comunidad terapéutica, brindándoles tratamientos ambulatorios y atención en un Centro de Día.

En cuanto a los Menores entre 18 y 21 años, hay que procurar una Reeducación intensiva, asegurándose que terminen la escuela secundaria y complementándolo con capacitación laboral.

Un párrafo aparte, merecen los enfermos mentales que son peligrosos porque cometieron delitos.
En el caso de que sean “Patologías crónicas”, no pueden estar en las cárceles sino en Psiquiátricos de mediana seguridad, con atención personalizada. 

Otro punto a tener en cuenta, son las nuevas Políticas de Ejecución Penal Diferenciadas:
A los Mayores de 21 años, les corresponde una Reinserción segmentada, donde estén separados violadores, homicidas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, dado que sus características son completamente distintas.

Aquí aparecen nuevas diferenciaciones:
Por un lado, un Núcleo duro, representado por el 12% de los internos, que son “difícilmente adaptables”, conformado por una mayoría de  reincidentes irrecuperables a través de las terapias comunes.

Por otro lado, también tenemos un Núcleo medio, representado por el  40 %  de los internos, los cuales son medianamente adaptables a la sociedad, y sobre quienes debe insistirse con tareas de laborterapia y educación.

Por último encontramos un Núcleo Blando, representado por el  28 % de los internos, los cuales no requieren niveles importantes de seguridad y donde el delito es un hecho casual en su vida, es decir, son primarios. En este caso se implementa el Doble Turno de trabajo y también, evitar la institucionalización. Acá existe la alternativa de Descuentos de días por trabajo y estudio.

Pero más allá de todo esto, además es necesaria la práctica de Políticas para la prevención del delito.

Desde un punto de vista Económico, “es mejor prevenir que curar”.  Aquí, el rol del Estado debe asegurar una Educación obligatoria; tanto técnica como de oficios; formal y no formal.

Pero a su vez, también de impulsarse el acompañamiento de la familia, mejorando los vínculos familiares y sociales a través de la promoción de actividades en clubes y vecinales.

En cuanto al plano de la Seguridad, es absolutamente necesario capacitar y purificar las fuerzas de seguridad, aplicando la utilización de moderna tecnología de video vigilancia; generando el Control de los procesados mediante tobilleras electrónicas cuando estén en prisión domiciliaria; estableciendo Programas de libertad asistida; y promoviendo la Despenalización de tenencia para consumo de drogas blandas.

En síntesis, y tal como lo expresa el pensamiento de Cesare Beccaria: “Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley, no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia”. 


Por lo tanto, según continúa diciendo este pilar histórico e imprescindible de la jurisprudencia: “No se debe aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves pero con toda seguridad”. 

Anteproyecto de Reformas al Código Penal. Dr. Carlos Damian Renna

Proyecto de Reformas al Código Penal. Dr. Carlos Damian Renna
Como dice el jurista alemán Claus Roxin “el Derecho penal debe garantizar, en un contexto de paz y libertad, la coexistencia de los ciudadano”.

Que es un código penal?
Un código penal es un conjunto unitario, coherente, racional y sistematizado de las leyes penales prohibitivas que tienen un precepto y una sancion.
De esta manera, el Estado mismo a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que sólo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo código penal y con la sanción que el mismo establece. Esto se conoce como principio de legalidad. Es decir debe existir una ley previa al hecho para que se considere una posible infracción a la ley.
 Que pasaba en la antigüedad ante un delito?
En los antiguos pueblos primitivos rigió el TABU: donde se consideraba que el que había cometido un hecho prohibido seria castigado por Dios tanto su autor como toda la familia.
Luego se considero en la antigüedad que cuando se cometía un delito había que responder con la VENGANZA PRIVADA, es decir que tanto la victima como toda su familia castigaban con mano propia al infractor o autor del hecho, causándole incluso un mal superior que el que había infligido, al autor y a su grupo.
También existía una pena en la antigüedad como el DESTIERRO, es decir que al infractor lo expulsaban de la ciudad y del grupo, se castigaba también a la familia.
La ley mas dura fue la denominada LEY DEL TALION, TAMBIEN CONOCIDA COMO OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE. El castigo debía ser proporcional al daño infligido por el infractor. Asi el que mataba era asesinado, al que robaba se le cortaba la mano, al que injuriaba se le cortaba la lengua, etc.
Mas suave era la denominada pena de COMPENSACION o pago de dinero llamada COMPOSICION, donde el autor del hecho en vez de una pena recibía la sanción de pagar una suma de dinero a la victima a modo de una indemnización civil.

Cual es la idea de vigencia de un código penal?
La idea jurídica de la existencia de códigos es típicamente la seguridad jurídica, la defensa de la sociedad y el límite al poder punitivo del estado. A esto último, se denomina “principio de reserva” que protege la intimidad de las personas cuando no se lesiona a una persona o a bienes.

Además, en el caso del Código penal, permite a los ciudadanos un mayor conocimiento de los delitos, y no ser enjuiciados por actos delictivos que podrían desconocer. Por ello es importante que la sociedad conozca el Código Penal y sepa que normas deben cumplirse.

Ahora bien que pasa con el Código Penal Argentino?
Fue sancionado en 1921. En el se establecía el derecho penal de “acto” se penaliza una conducta, y no se “autor” donde se penalizaría una forma de ser o característica personal del autor.
Este código tuvo más de 200 modificaciones importantes hasta nuestros días y la sanción de leyes especiales que son un verdadero caos de interpretación y superposición de normas.
En el año 2012, se le encarga a una comisión presidida por el Dr. Zaffaroni, la reforma integral del Código penal, cuyo Anteproyecto se presento días atrás a la presidencia de la NACION.
Que establece este anteproyecto?
Este anteproyecto en 289 artículos condensa una enorme cantidad de leyes penales que son de engorrosa interpretación, debemos decir que la técnica legislativa y la coherencia de ubicación de los temas  y tipos penales es muy buena. Se adecuan las normas dispersas en un solo cuerpo legal, y se coordinan las penas mínimas de una base de 6 meses a 30 años de máximo de prisión, habiéndose incorporados penas alternativas y la sanción de multas reparatorias a la victima, e inhabilitación de derechos cuando la transgresión así lo amerite.
También se establece que se interpretan las normas de acuerdo a la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Se eliminan los delitos de peligro abstracto, la reincidencia y la libertad condicional.
Se incorpora la penalización de las personas jurídicas, antes se penalizaba solo a personas físicas.
Es importante destacar que se agrava la cuantificación de la tentativa cuyo mínimo de un tercio se aumenta a un tercio.
Se incorporan la participación material a los delitos cometidos por los medios de comunicación.
Cambia la penalidad del concurso real sumándose hasta el doble del máximo legal.
Se incorporan reglas atenuantes y agravantes del delito: Atenuantes ser menor de 21 años, grave padecimiento del infractor, pobreza, etc.
Son Agravantes: actuar  pluralidad de personas en el hecho, indefensión de la victima, organización, crueldad y discriminación, etc.
Se exime de pena por insignificancia del lesión al bien jurídico, se reduce por pena natural, cultura de pueblos originarios, cuando en el marco del hecho delictivo el autor sufrió una grave perdida.
Se establecen como alternativas a la prisión domiciliaria, detención del fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y transito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de instrucciones judiciales y multa reparatoria.
Los puntos débiles del anteproyecto son que se disminuyen considerablemente la pena por delitos de tráfico y venta de drogas, haciendo excarcelables el 80% de las condenas dictadas en la actualidad por la justicia federal.
 También bajan demasiado los mínimos de los delitos contra la propiedad, al punto ridículo de que el robo calificado por uso de arma de fuego, también serian eventualmente beneficiados por normas procesales excarcelatorias en materia federal y en algunas provincias. Si bien hay que aclarar que la prisión preventiva es una medida procesal cautelar, y no una pena; y esta relacionada con el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio del imputado.
Disminuye considerablemente el mínimo de los delitos por trata de persona, permitiendo la excarcelación de los actuales condenados en todo el país por la justicia federal.
Si bien la única variable de la seguridad en la población no es la ley penal, ya que influyen en la comisión de un delito otros factores, como la educación, capacidad laboral, adicciones, personalidad psicopática, frustraciones sociales e individuales, maduración emocional, responsabilidad social, la marginalidad estructural, la miseria material y cultural, no podemos ignorar que una ley demasiado permisiva favorece la infracción.
Además la ley penal es construida como una parte de la política del estado, denominada política criminal; no solo la definición legal, sino la forma en la que se cumple la pena, la investigación criminal, la razonabilidad y proporcionalidad de las penas y fundamentalmente evitar la impunidad, es una tarea indelegable del Estado.
La sanción penal ante la infracción, debe constituir sin dudas una amenaza general hacia el ciudadano para que no se transgreda la ley.

Para finalizar, sostiene  el jurista alemán Claus Roxin que “las penas son el camino mediante el cual el Derecho penal puede lograr su objetivo primordial dirigido a la protección de bienes jurídicos y con ello al libre desarrollo de la personalidad”.

martes, 14 de enero de 2014

El Rol de las Fiscalias Regionales en la Provincia de Santa Fe.

El rol de las Fiscalias Regionales. Segunda parte. Dr. Carlos Renna y Cecilia Renna.

Que son las Fiscalías Regionales? 
En la Provincia funcionarán cinco fiscalías regionales, ubicadas una en cada una de las circunscripciones judiciales existentes.
Cada fiscal regional será el jefe del MPA en la división territorial para la que fue designado, y el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva.

Cuales son las funciones del Fiscal Regional?
Corresponden a los fiscales regionales, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y atribuciones:
1.       Dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas.
2.        Impartir instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz, propendiendo al uso de nuevas tecnologías y promoviendo la coordinación interinstitucional con otras agencias públicas o privadas.
3.        Fijar los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.
4.        Disponer los traslados y otorgar las licencias de los agentes que de ellos dependan, dentro de los límites legales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
5.        Las demás que establece la ley 13013 de Santa Fe y todas aquellas que el Fiscal General les asigne.

Tienen Inmunidades los Fiscales Regionales?
 Desde el momento en que presten juramento, y hasta el cese en su función, el Fiscal General y los fiscales regionales gozan de total inmunidad en su persona en todo el territorio provincial; no pueden ser detenidos por autoridad alguna, salvo el supuesto de ser sorprendidos "in fraganti" en la comisión de un delito que merezca pena privativa de la libertad, debiendo actuarse en tal caso según las normas procesales vigentes.


Quienes estarán en la acusación en forma directa en los juicios?
Los Fiscales. Los fiscales tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a la distribución de trabajo dispuesta por los fiscales regionales, quienes determinarán la cantidad, el asiento y el área territorial de incumbencia de las fiscalías.
Ejercerán la dirección de la investigación, formularán acusación o requerimiento de sobreseimiento, aplicarán criterios de oportunidad dentro de los márgenes legales, actuarán en juicio y podrán formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia.


Y cual es el rol de los Fiscales Adjuntos?
Los fiscales adjuntos actuarán por delegación y bajo la supervisión de los Fiscales. En el ejercicio de su cargo podrán intervenir en todos los actos en los que puede actuar el fiscal de quien dependan.


domingo, 29 de diciembre de 2013

El rol del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, según la ley Nº 13013/09. Por Dr. Carlos Damian Renna y Dra. Cecilia Renna.

El rol del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, según la ley Nº 13013/09. Por Dr. Carlos Damian Renna y Dra. Cecilia Renna.
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 Esta ley 13013 modifica  el titulo IV capitulo II del Nuevo Codigo Procesal Penal de Santa Fe, que se comenzaría a aplicar en su totalidad el dia 10 de febrero de 2014.
Este ministerio (MPA) es ejercido por el Fiscal General y los fiscales regionales, los fiscales y los fiscales adjuntos. Tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales. Entre ellas promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria tendiente a demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva. Y no interviene en asuntos de índole extrapenal.
El MPA es un órgano con autonomía funcional y administrativa y con autarquía financiera dentro del Poder Judicial. Y actuara con independencia conforme a la constitución y las leyes. Por ello no esta sujeto a directivas de otros órganos.

Cuales son los Principios de Actuación?
El Ministerio Público de la Acusación ejercerá sus funciones con arreglo a los siguientes principios:
1.        Objetividad. Requerirá la justa aplicación de la ley, resguardando la vigencia equilibrada de todos los valores jurídicos consagrados en la Constitución y la ley.
2.        Respeto por los derechos humanos. Desarrollará su actuación de acuerdo a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Provincia, Constitución Nacional, y Pactos Internacionales que la integran, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia.
3.        Orientación a las víctimas. Orientará su actuación a la satisfacción de los intereses de las víctimas, procurando conciliarlos con el interés social.
4.        Gestión de los Conflictos. Procurará la solución del conflicto surgido a consecuencia del delito, con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.
5.         Transparencia. Sujetará su actividad a pautas de transparencia, informando los criterios que orientan la persecución penal y los resultados de su gestión.
6.        Eficiencia y Desformalización. Velará por la eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos. Procurará que los procedimientos sean ágiles y simples sin más formalidades que las que establezcan las leyes.
7.        Accesibilidad. Procurará la tutela judicial de las víctimas.
8.        Gratuidad. Los servicios que brinde serán absolutamente gratuitos.
9.        Responsabilidad. Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación estarán sujetos a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere corresponderles.
10.    Unidad de actuación. El Ministerio Público de la Acusación es único para toda la Provincia; en la actuación de cada uno de sus funcionarios estará plenamente representado. Cada funcionario controlará el desempeño de quienes lo asistan y será responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo.

También podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa del Estado y de las personas privadas físicas o jurídicas, estando éstos obligados a prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e informes que le sean requeridos, dentro de los límites legales. .

Es también su obligación asegurar la protección a quienes, por colaborar con la administración de justicia penal, corran peligro de sufrir algún daño, conforme la legislación pertinente.

La gestión de todo el MPS será informada periódicamente? Si

Estos informes deberán respetar el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de las personas y no comprometer la estrategia de investigación y acusación del Ministerio Público.

Los fiscales no tendrán privilegios personales. Las únicas prerrogativas admisibles son aquellas previstas en esta ley. Y por ello, serán responsables por los daños y perjuicios que provoquen sus órganos por actos ilegales o arbitrarios, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los funcionarios de acuerdo a la legislación vigente.

La principal función es la de Persecución penal. 
1.        Establecer y ejecutar los lineamientos de la política de persecución penal en el ámbito Provincial, fijando las prioridades y criterios de la investigación y persecución de los delitos.
2.        Dirigir la investigación de los delitos de acción pública y ejercer la acción penal ante los tribunales, preparando los casos que serán objeto de juicio oral y resolviendo los restantes según corresponda.
3.        Dirigir funcionalmente al Órgano de Investigación y a cualquier organismo de seguridad en lo concerniente a la investigación de los delitos.
4.        Orientar a la víctima de los delitos, en forma coordinada con instituciones públicas o privadas, procurando asegurar sus derechos.
5.        Procurar asegurar la protección de víctimas y testigos, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras agencias del Estado.
6.        Intervenir en la etapa de ejecución de la pena en la forma que prevean las leyes.
7.         Requerir cooperación y coordinar con instituciones públicas y privadas para que coadyuven en la persecución de los delitos.
8.        Promover la cooperación nacional e internacional ante la criminalidad organizada o investigaciones complejas.

Los fiscales deberán apartarse del caso cuando existan motivos graves que puedan afectar la objetividad o eficacia de su desempeño.
  
 El Fiscal General es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. El órgano tiene su sede en la Capital de la Provincia.

 Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del Fiscal General las siguientes:
1.        Ejercer la representación legal del Ministerio Público de la Acusación, determinar la política general de la institución y fijar los criterios generales para el ejercicio de la persecución penal.
2.        Velar por el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio.
3.        Proponer al Poder Ejecutivo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación.
4.        Disponer la ejecución de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignado por la ley de presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado.
5.        Aprobar y dar a publicidad el informe de gestión previsto en la ley.
6.        Proponer al Poder Ejecutivo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia el nombramiento, remoción y ascensos de los miembros del Ministerio Público de la Acusación de acuerdo a la ley.
7.        Realizar los traslados, conceder licencias y aplicar sanciones a los miembros del Ministerio Público de la Acusación, cuando no corresponda a otro órgano.
8.        Emitir los reglamentos necesarios para el funcionamiento de las diversas dependencias del Ministerio Público de la Acusación, fijando las condiciones de trabajo y de atención al público.
9.        Organizar la estructura administrativa de las distintas unidades fiscales y de los órganos de apoyo, que no pertenezcan a la órbita exclusiva de una Fiscalía Regional, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias.
10.    Crear nuevas unidades y dependencias, introducir cambios en las divisiones o secciones territoriales y establecer la sede para su funcionamiento, para asegurar un mejor servicio, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.
11.    Delegar en otro funcionario la intervención que le acuerda la normativa vigente en cuestiones administrativas, salvo que estuviere expresamente prohibido por ley.
12.    Crear agencias o unidades fiscales especializadas que actúen en más de una circunscripción judicial.
13.    Resolver los recursos previstos en el artículo 12 de la presente ley.

Fiscalías Regionales. En la Provincia funcionarán cinco fiscalías regionales, ubicadas una en cada una de las circunscripciones judiciales existentes.
Cada fiscal regional será el jefe del MPA en la división territorial para la que fue designado, y el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva.

Funciones del fiscal regional. Corresponden a los fiscales regionales, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y atribuciones:
1.        Dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas.
2.        Impartir instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz, propendiendo al uso de nuevas tecnologías y promoviendo la coordinación interinstitucional con otras agencias públicas o privadas.
3.        Fijar los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.
4.        Disponer los traslados y otorgar las licencias de los agentes que de ellos dependan, dentro de los límites legales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
5.        Las demás que establece la presente ley y todas aquellas que el Fiscal General les asigne.

Inmunidades. Desde el momento en que presten juramento, y hasta el cese en su función, el Fiscal General y los fiscales regionales gozan de total inmunidad en su persona en todo el territorio provincial; no pueden ser detenidos por autoridad alguna, salvo el supuesto de ser sorprendidos "in fraganti" en la comisión de un delito que merezca pena privativa de la libertad, debiendo actuarse en tal caso según las normas procesales vigentes.


Fiscales. Los fiscales tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a la distribución de trabajo dispuesta por los fiscales regionales, quienes determinarán la cantidad, el asiento y el área territorial de incumbencia de las fiscalías.
Ejercerán la dirección de la investigación, formularán acusación o requerimiento de sobreseimiento, aplicarán criterios de oportunidad dentro de los márgenes legales, actuarán en juicio y podrán formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia.


Fiscales Adjuntos. Los fiscales adjuntos actuarán por delegación y bajo la supervisión de los Fiscales. En el ejercicio de su cargo podrán intervenir en todos los actos en los que puede actuar el fiscal de quien dependan.