Los derechos humanos y la pena. Dr. Carlos Damián Renna. Primera parte.

Los derechos humanos y la pena. Dr. Carlos Damián Renna. Primera parte.

El sistema carcelario actual es calamitoso, no solo las viejas unidades penales que tienen mas de 60 años, sino el hacinamiento que sufren los detenidos en las comisarias. Sin hacer critica a algún funcionario en especial, hay que reconocer la realidad que vemos a diario en el ejercicio del derecho penal en la Provincia de Santa Fe y en los principales centros urbanos del país.

Sin dudas el aumento de la criminalidad y la infracción a la ley penal es un dato incontrastable que hay que buscarle las verdaderas causas, porque en realidad son la causa del gran problema carcelario actual, sobre-saturado, y sobre-dimensionado. No nos equivocamos si sostenemos que entre las principales causas que llevan al delito se encuentra las frustraciones individuales y sociales, la incapacidad de la persona de incorporarse al sistema social, la droga como fenómeno creciente, su venta y comercialización, la falta de inserción escolar y la falta de trabajo.

A ello hay que sumarle que no solo son alojados en las cárceles personas normales sino también anormales, es decir,  personas cuyo coeficiente intelectual es muy bajo o no tienen un funcionamiento normal del sistema nervioso y que al no ser considerados inimputables también conviven en las cárceles cuando transgreden la ley porque se los considera sujetos peligrosos en base a su accionar violento e irracional.

Es obvio, que las cárceles son necesarias en las grandes ciudades, que es allí donde se cometen la mayor cantidad de delitos y también los mas graves, por las diferencias sociales  y las organizaciones delictivas.

Sin las cárceles, podríamos decir que se desataría una ola de violencia social que pondría en juego el propio sistema democrático, ya que no podría establecerse un orden mínimo para la convivencia pacifica.

Pero, no hay que abusar del encierro de los ciudadanos por cualquier transgresión penal, porque en esencia las cárceles son y deben ser la “ultima ratio” de las respuestas posibles del Estado para con la persona que comete un delito el delito. El límite para ello es la racionalidad del sistema penal y el principio “pro homine”, siempre se debe privilegiar la solución más cercana a la dignidad de la persona.