Justicia: cuando la cantidad no garantiza calidad

Por Jorge Hirschbrand La estructura judicial creció más del 300 por ciento. Y sin embargo, los resultados no fueron los esperados. 19 de Abril de 2012 07:25 Compartir! .Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar | Twitter: @Jorge_Hirsch En materia penal, el debate suele centrarse en la disyuntiva entre cantidad y calidad, o si estos dos factores se complementan entre sí. Es decir, si mayor cantidad de policías y de funcionarios judiciales abocados a la prevención y a la represión del delito logran bajar las estadísticas criminales. Es una discusión un tanto necia, porque reduce los problemas de inseguridad estrictamente a los conflictos con la ley y deja de lado la complejidad del asunto. Aun así, es importante hacer un repaso estadístico para comprender que Mendoza ha tomado, desde hace años, un camino equivocado, sin rumbo fijo y –peor todavía– con un destino completamente incierto. Hasta el 2004, cuando se comenzó a implementar el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en la provincia, todas las investigaciones judiciales se concentraban en un juzgado de Instrucción que cumplía turnos de 15 días. En total, en la Primera Circunscripción había diez jueces que rotaban quincenalmente y que almacenaban cada hecho delictivo ocurrido en Capital, Lavalle, Maipú, Luján, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. Cada juzgado contaba con, aproximadamente, diez empleados más. A la par, casi como una rueda de auxilio, funcionaban las fiscalías de Instrucción, que por turno disponían de entre cinco y seis personas, y el número se repetía en las fiscalías Correccionales, abocadas a hechos cuyas penas potenciales nunca superaban los tres años. Por último, se sumaban los empleados de las llamadas Oficinas de Delitos, que funcionaban en algunas comisarías. Nunca, en esos 15 días, había más de 25 o 30 personas trabajando en las dependencias judiciales. Eran tiempos en que una causa podía demorar poco más de un año en llegar a juicio oral, para que los imputados fueran condenados o absueltos, según las pruebas existentes. La implementación del nuevo CPP cambió el manual de procedimiento y la organización de los estamentos judiciales. Se crearon nuevas fiscalías, oficinas en las comisarías y se modificó el sistema de instrucción de una causa. Los fiscales serían los responsables de las investigaciones y los juzgados se limitarían a garantizar la legalidad del proceso. En los primeros doce meses, que sólo incluyeron a Capital, a Godoy Cruz y a Las Heras, se registraron aproximadamente 20 mil denuncias. Un número poco significativo en el 2005, pero que sirve de referencia para hacer comparaciones actuales. Durante el 2011, incluyendo ahora sí a los departamentos que quedaron exentos en aquella primera instancia, hubo 31.613 denuncias, según las estadísticas publicadas en internet por el Ministerio Público de la provincia. Número por número, y teniendo en cuenta la estimación de los delitos cometidos en las zonas que no fueron tenidas en cuenta en el 2005, las cifras a grandes rasgos no ofrecen grandes variaciones; hecho que, a priori, demuestra que, más allá del crecimiento de todos los índices sociales, los problemas de seguridad siguen tal cual hace ocho años. Y por allí pasaron los gobiernos de Julio Cobos, de Celso Jaque y, actualmente, el de Francisco Pérez. Fueron años en los que cada gestión del Ejecutivo, sin un programa serio en política criminal, puso como excusa la poca cantidad de policías activos de la provincia. Tanto, que Mendoza se convirtió en la segunda provincia con más efectivos por habitantes. Así y todo, los resultados tampoco llegaron. Hoy, esos 15 días que tenían como principal protagonista a un juez se reparten entre 12 fiscales, los cuales cuentan con un promedio de 24 ayudantes fiscales, secretarios, prosecretarios y, aproximadamente, 30 auxiliares. Sin la necesidad de hacer un número fino, la estructura judicial en materia penal creció arriba de 300 por ciento, con la obligación de atender una cantidad de expedientes similar a la del 2004, y sin una disminución notable en los tiempos estipulados para que una causa llegue a juicio. El promedio sigue cercano al año de demora y, salvo aquellos casos que caen en la fiscalía de Delitos Complejos, muchas investigaciones se pierden en la intrascendencia. El objetivo del nuevo Código Procesal Penal fue, desde su creación, acercar la Justicia a la gente; conseguir que los funcionarios judiciales –en este caso los fiscales– salieran de sus despachos y estuvieran en contacto directo en el lugar de los hechos con víctimas, testigos y lograran un nivel de "oralidad" en la conducción de una investigación que desplazara a la burocracia conocida hasta el momento. De esa manera, se buscaba un sistema ágil y veloz, que no dejara transcurrir mucho tiempo entre la denuncia de un hecho, la detección de los sospechosos y el juicio oral. La meta no fue cumplida. No sólo eso, sino que cada víctima de delito que se enfrenta al sistema judicial se da cuenta de la distancia que existe entre su realidad y las personas en las que, supuestamente, debe confiar para solucionar sus problemas. A pesar de la gran cantidad de gente trabajando, el sistema carece de agilidad, y mezcla, como si fuese una fusión temporal, elementos de última tecnología, que parecen salidos de series televisivas, con prácticas arcaicas a las que únicamente les falta una máquina de escribir Olivetti. Los fiscales están divididos por departamentos y, administrativamente, en dos categorías: comunes y especiales; estos últimos, a cargo de los delitos de mayor relevancia o de trascendencia pública, ya que no siempre la investigación reviste un alto grado de complejidad. Son sucesos que, para la Procuración que comanda Rodolfo González, son básicamente mediáticos. También son los responsables de las denuncias de corrupción que implican entrar de lleno en la puja de intereses políticos y económicos y que, salvo que se trate de algo muy grosero y con pruebas muy evidentes, son archivadas ante la imposibilidad de comprobar un delito. Fuera de esa categoría, existe otra división, jamás formalizada y que involucra a quienes, por un lado, buscan trascender y convertirse en grandes investigadores, y, por el otro, a los que prefieren no salir de sus despachos y confiar ciegamente en lo que decidan sus ayudantes; los que eligen considerar que todas las causas son importantes y por eso las delegan automáticamente a Delitos Complejos, y los que, con tal de ascender, dejan las pesquisas en manos de la Policía, sin importar si en el camino hay pagos desmedidos a informantes o testigos inventados. En estos ocho años hubo –y hay– de todo.